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En el campo de la seguridad ciudadana cuatro son los hecho reales más destacables en este momento: primero, en los últimos cinco años la victimización de las personas cayó en un 23.1%, asimismo la victimización de los hogares disminuyó en un 19.1%; segundo, no obstante lo anterior, la opinión sobre el aumento de la delincuencia en el barrio creció en un 20% y la sensación de seguridad desmejoró en un 16.6%, no obstante, durante el mismo período, la población que tomo alguna medida para prevenir o protegerse del delito, la actitud de temor, decreció en un 38,7%, de igual manera la expectativa de ser víctima de algún delito disminuyó también en un 11.5%, y; tercero, el Gobierno no ha logrado hacer prevalecer en la opinión pública los buenos resultados en victimización sobre la mala opinión en seguridad ciudadana[1]. Se afirma, entonces, que la responsabilidad de la contradicción entre los hechos y la opinión sobre la seguridad ciudadana sería de los medios de comunicación, pero en general lo que estos reproducen son los discursos de las opiniones autorizadas, es decir, de los expertos en el tema y de las autoridades competentes en el problema. Finalmente, cuarto, otro hecho significativo y preocupante en relación a la confianza de la población en el sistema de persecución penal, es que la proporción de delitos denunciados ha disminuido constantemente en un 15,7% desde 42,4% de denuncias sobre los hechos delictivos padecidos en 2003 a 35,7% en 2007.
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1. Las preocupaciones de la opinión pública.
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Las preocupaciones de la opinión pública han evolucionado, entre los años 1999 y 2000, de la siguiente manera según la Fundación Paz Ciudadana como lo señala cuadro # 1 adjunto, si bien a inicios de la década de los años noventa el problema de la delincuencia fue el de primera preocupación entre la población, a partir del año 93 este queda por debajo de la salud, desde 1994 es superado por la pobreza y por el empleo en 1999, para mantenerse en el cuarto lugar en el año 2000.
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Luego, según el INE en su ENUSC, las preocupaciones de la población cambio en algo y sus evoluciones también según el cuadro # 2, ambos cuadro en sí no son comparables por razones metodológicas pero nos indican las tendencias de las preocupaciones en esos dos períodos de la vida nacional.
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En la información recogida por la ENUSC la pobreza siempre ha sido la mayor preocupación de la población y la delincuencia el segundo problema con tendencia decreciente desde el 2005. Es de destacarse que el desempleo como preocupación ha evolucionado al igual que su evolución real desde el 2000 y que fue más importante para la población que la delincuencia en el año 2000 cuando aún persistía la crisis económica iniciada en 1997. Lo claro aquí es que la priorización de la delincuencia como problema es muy móvil y no depende de la evolución real del delito. .
GRAFICA 1
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FUENTE: PAZ CIUDADANA
GRAFICA 2
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN CHILE 2003-2007
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FUENTE: INE. ENUSC
2. El imaginario colectivo o la representación social de la responsabilidad por el delito en Chile.
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Se ha instalado una representación social generalizada que le atribuye a los tribunales de justicia la responsabilidad por el crecimiento de la delincuencia y el aumento del temor de la población, debido a que mientras las policías –Carabineros e Investigaciones- hacen bien su trabajo poniendo a los delincuentes a disposición de los tribunales, estos bajo cualquier pretexto o argucia legal los ponen nuevamente en la calle, tal es la representación de la “puerta giratoria”, es más se ha desarrollado una “victimología populista” que acusa a los tribunales de defender a los delincuentes y desproteger a las víctimas. Pero, los tribunales de justicia solo pueden procesar y sancionar a los imputados según el mérito acreditado por las pruebas y testimonios aportados por los fiscales de Ministerio Público con el apoyo técnico de las policías, así como por aquellas aportadas por la defensa, la Defensoría Pública y el acusado. Si la calidad de las pruebas aportadas en el proceso no acreditan fehacientemente la responsabilidad de los imputados estos no pueden ser sancionados, eso es precisamente la justicia: dirimir entre la calidad de las pruebas aportadas por las partes de acuerdo con las normas establecidas por las leyes.
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La principal responsabilidad de las policías es poner a disposición de los tribunales de justicia, además de aquellos que sorprenda en flagrante delito, a quienes han sido vinculados, imputados o acusados en un proceso para ser investigados o procesados por aquellas instancias de garantía y juzgamiento. De igual manera como los tribunales de justicia son interpelados por liberar a los delincuentes, las policías podrían ser interpeladas por no poner a disposición de los tribunales a los vinculados, imputados o acusados que no han sido habidos o no están cumpliendo con las medidas cautelares, privativas o no privativas de libertad, dispuestas por esas instancias.
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La provisión de la seguridad ciudadana como un bien público al cual todos aspiramos cuya garantía es el eje constitutivo del Estado y primera responsabilidad del Gobierno, no puede ser un indefinido y ambiguo debate entre las policías y los otros agentes del sistema penal –jueces, fiscales y defensores – oposición y gobierno, vicarios representantes de las víctimas y de los victimarios, expertos y académicos, políticos y hacedores de políticas, partidarios de la tolerancia cero, la mano dura o la “segunda es la vencida” –populismo penal- versus penalistas garantistas o defensores de una justicia reparatoria, restaurativa y conciliatoria. Debates, discursos y manipulación informativa política que generan más inseguridad que los hechos delictivos mismos, lo cual es constatable en el contraste entre la percepción objetiva –disminución de la victimización- y la percepción subjetiva de la delincuencia – aumento del temor- entre la población nacional.
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Es absolutamente necesario dejar en claro y remarcar constantemente que la experiencia histórica europea desde la revolución industrial al presente y la historia reciente de los Estados Unidos de América, señalan que la política criminal del Estado, que abarca la política penal, de sanción a los infractores de ley, y la política policial de disuasión y persecución a los delincuentes, no tiene ninguna capacidad de prevenir y controlar a la delincuencia. La conducta delictiva de los sujetos, la delincuencia como hecho social y la seguridad ciudadana como bien público no depende del poder disuasivo de la ley penal y su eficaz aplicación, es decir de la represión penal, esto debido a que aquí, y en general en todo el planeta, más del 95% de las denuncias por los delitos de mayor connotación social no tienen sancionado alguno – además las denuncias son menos del 40% de los hechos delictivos reales. La ley penal no tienen ningún poder disuasivo, la gente no delinque por temor a ser sancionado sino porque considera que el respeto a los derechos de los otros es mejor para el conjunto de la sociedad.
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La seguridad ciudadana como bien público, en general, depende de las políticas sociales que brindan oportunidades a las personas carenciadas, excluidas y marginadas de los mercados y las prestaciones sociales, también dependen de las políticas económicas que aseguran una justa distribución del ingreso nacional – en Chile tenemos una de las diez peores distribución del ingreso del mundo y el salario promedio es de 175.000 pesos mensuales, algo por encima del salario mínimo –, de una política urbana que no excluya y estigmatice territorialmente a los sectores carenciados de las ciudades, de una política de salud que asegure a todos los habitantes una cobertura total y a todo evento, de una política previsional que no ponga en la expectativa de la vejez a tener que vivir en la miseria, de una política educativa que no condene a los jóvenes de menores ingresos y peor educación a la precariedad laboral y el desempleo, en fin, la prevención y control del delito y su resultado como seguridad ciudadana de pende, al decir de la Presidenta Bachelet de una política integral de protección social. Como lo han dicho los expertos italianos “la seguridad es de todos o no es de nadie”.
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Son solo las oportunidades sociales y económicas las que disuaden a las personas carenciadas de emplear sus habilidades y recursos en actividades ilícitas para satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos, así como los de sus dependientes, es decir, a transgredir los derechos de terceros para asegurar sus propios derechos.
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En lo particular, la seguridad ciudadana depende también de una política para la juventud que no los reduzca solamente a sujetos de la ley de reclutamiento militar, sistema penal juvenil o ley de drogas, sino que de una voluntad colectiva de ofrecerles un lugar y rol en la sociedad que los reconozca y respete, que no se represente a los jóvenes como potenciales o delincuentes de hecho, que sea capaz de ofrecerles oportunidades tanto para satisfacer sus necesidades básicas como para gratificar sus deseos culturales, no tal sólo el tener y el poder, también el expresarse libremente, los jóvenes son el segmento social con más desempleados – el triple que el promedio total - y de menores ingresos de nuestra sociedad, a la vez son los más comprometidos en los hechos delictivos, ya que son los principales victimarios y las principales víctimas de esos hechos. Al decir de la Presidenta es necesario hacer que:”el delito no sea una alternativa de vida para los jóvenes”[2].
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La seguridad ciudadana no se puede construir a partir del falso supuesto según el cual más del 70% de quienes delinquen lo hacen bajo el efecto de las drogas, al parecer se cree que controlada la provisión de drogas y su consumo se controla el delito, esto es de una ingenuidad preocupante. Tampoco se puede prevenir y controlar el impacto de la provisión y el consumo de drogas en la seguridad ciudadana, desconociendo el hecho de que la mayor parte de los usuarios de drogas no tienen problemas por sus consumos, de igual manera como sucede con el alcohol – el 97% de la población no ha usado drogas en el ultimo mes- y que solo un segmento menor si tiene problemas por su ingesta - 99% no tienen problemas con su consumo-, pero no son sujetos de la acción sanitaria pública, por estar condicionada tales prestaciones a la abstinencia de su consumo. En este caso el modelo europeo de acceso controlado a las drogas se muestra como una buena práctica y experiencia positiva.
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La seguridad ciudadana no tan solo se ve impactada por la delincuencia común cuyos agentes tratan de resolver sus carencias transgrediendo los derechos de los otros, además, aquella depende de la capacidad de las comunidades de asumir, procesar y resolver sus conflictos intracomunitarios, entre adultos y jóvenes, hombres y mujeres, locales y afuerinos, personas con ingresos estables y precarios, etc. La mala resolución de esos conflictos mediante el empleo de la violencia es la principal causa de los homicidios, lesiones y amenazas entre parientes –violencia intrafamiliar- , vecinos, socios y colegas de trabajo, de allí la alta demanda por resolver conflictos a los cuales se han visto sometidos los nuevos tribunales de familia. Para esto es claro que se hace necesario diseñar e implementar una justicia de proximidad, que no tan solo sea expedita y ecuánime en resolver los conflictos locales en su territorio y ante sus vecinos, sino que además, recupere la confianza de la población en la justicia.
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3. Antecedentes socio económicos sobre el delito.
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Entre la información socioeconómica relevante las que aparecen más relacionada a las conductas delictuales son la pobreza y el desempleo, sobre todo como esta grave modalidad de exclusión afecta a los sectores de población más vulnerables, los pobres y los jóvenes, en el cuadro 3 se señala la situación del país entre 1996 y 2003.
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CUADRO 3
DESEMPLEO POR EDAD Y QUINTILES DE INGRESOS EN CHILE
DESEMPLEO POR EDAD DESEMPLEO POR QUINTIL
2003 1996 2003
NACIONAL 8.5% NACIONAL 6.1% 8.5%
15-19 28.5% I (1) 15.2% 25.9%
20-24 20.4% II 9.3% 12.4%
25-34 10.3% III 5.6% 7.7%
35-44 6.1% IV 1.2% 4.9%
45-54 6.1% V (2) 0.5% 2.7%
55-64 4.0%
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Fuente: INE (1) 20% más pobre, (2) 20% más rico
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La información disponible señala claramente que las poblaciones más jóvenes y las pobres son las más vulnerables al desempleo, además si bien el desempleo ha crecido desde antes de la crisis económica iniciada el año 97 y se mantiene alta al concluir esta, la vulnerabilidad es mayor aún y más alta en el 2003 para los sectores de menores ingresos, ya que mientras entre los más pobres en 1996 era algo más del doble que la media nacional, en 2003 es más del triple que la media nacional.
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No obstante el deterioro de la situación del empleo antes indicada, la situación de pobreza en la población nacional ha mejorado notablemente, según los estudios de la CASEN entre los años 1990 y 2006 la pobreza ha disminuido en un 64,5% de 38,6% de la población a 13,7% de la misma, la indigencia, es decir aquellos que no logran conseguir sustento para la canasta básica de alimentos cayó en 75,4% de 13.0% de la población en 1990 a 3,2% en 2006. Si tomamos el período entre 1996 y 2003 para hacerlo comparable con el estado del desempleo la pobreza cayó un 19,4% en ese período.
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Entonces, si el aumento o disminución del delito está en función del crecimiento o reducción de la pobreza, la marginalidad y la exclusión, bien podemos decir que el éxito de las políticas sociales de los Gobiernos de la Concertación se verifican precisamente con la disminución en un 19.1% de la victimización de la población desde el año 2003 al presente.
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[1] Llama la atención que la Presidenta en su reciente mensaje a la nación haya dicho textualmente: “La última estadística del INE nos dice que hemos reducido la tasa de victimización en un 8,2 por ciento desde el año 2003”; seguramente quiso decir que había disminuido 8.2 puntos porcentuales, de 43.0% a 34.8%, pero expresar las modificaciones de estado en una situación social en puntos porcentuales es confuso cuando tradicionalmente se expresa en tantos por ciento. También, que el Ministro del Interior al presentar los resultados de la encuesta de victimización de la IV ENUSC diga que luego de una tendencia al crecimiento de la victimización ahora se pueda informar que esta ha disminuido, cuando desde que se aplica esta encuesta ha mostrado una tendencia a la disminución.
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[2] Discurso a la Nación 2008.
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Ibán de Rementería - Asesor Instituto Jorge Ahumada - Valparaíso, junio 2008.
