Los indicadores de la coyuntura económica señalan que el país seguirá con un crecimiento económico de 4% a 4,5%, con un importante superávit fiscal, lo que permitirá aumentar los ahorros fiscales hasta en 30 mil millones de dólares, debido al alto precio del cobre y a las altas tasas de inversión. Sin embargo, la inflación se mantiene sobre 9%, lo que repercute fuertemente en la clase trabajadora y, sobre todo, en los funcionarios públicos, que representamos a la clase media de este país y vivimos de un salario que no aumenta; todo esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo que va más allá del 9% mencionado por cuanto las alzas se expresan principalmente en artículos de primera necesidad, tales como alimentos, servicios básicos o transporte, que son el consumo principal de la canasta familiar de una trabajador chileno.
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se equivocó gravemente en noviembre del año pasado, en ocasión de las negociaciones del reajuste de remuneraciones de 2008, cuando afirmó a los funcionarios públicos que: "La inflación para el año 2008 sería entre un 4% a un 4,5%". La ANEF le señaló al ministro que esa era una estimación y una apuesta incierta y, por tanto, riesgosa, y por ello podía deteriorar las ya exiguas remuneraciones del sector público. Efectivamente, la ANEF tenía razón y no se equivocó.
Los hechos han demostrado que hasta el momento la inflación es de 9,3% y que el reajuste de remuneraciones para 2008 fue de 6,9%. Es decir, esto significa una pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores, situación que no estamos dispuestos a repetir. Ya no hay credibilidad en las proyecciones técnicas que el Ministerio de Hacienda realiza. Para la negociación del reajuste que se avecina no permitiremos que se haga en base a los IPC futuros. Deberá considerarse el IPC real, que es el pasado, y también este reajuste deberá incluir el crecimiento de la economía para que los trabajadores también seamos parte del crecimiento.
Las recetas de los economistas neoliberales para combatir la inflación, tales como la de reducir el gasto fiscal, donde están nuestras remuneraciones y que representan sólo 4% del PIB, y de aumentar la tasa de interés bancario, que significa también disminuir nuestras posibilidades de acceder a créditos de consumos, universitarios y habitacionales, que son la única forma que tienen los funcionarios públicos de sobrevivir dadas las bajas remuneraciones; no pueden ser palabra sagrada. Esto debe modificarse. No puede ser que siempre los costos de los ajustes los tengan que pagar los trabajadores, y en especial la clase media, que vive de un sueldo que no tiene subsidio y que es precisamente la que debe pagar el costo de la inflación.
Estos economistas neoliberales son los principales responsables de la actual situación de la clase trabajadora. Cuando el país tiene recursos para aumentar los salarios, aparecen argumentando que es necesario ser responsables y por ende hay que ahorrar y no entregar nada. Pero cuando la economía entra en los vaivenes producto de las especulaciones financieras, el argumento es: no, ahora es imposible, hay que apretarse el cinturón
Por eso, esta negociación del reajuste general del sector público que se avecina será compleja, conflictiva y combativa. No estamos dispuestos a seguir apretándonos el cinturón o apretándonos los dientes; esta vez apretaremos el puño y nos movilizaremos por un reajuste salarial justo. No sólo por nuestros representados, sino porque sabemos que esta negociación es la base para las negociaciones colectivas del sector privado del próximo año.
Por Raúl de la Puente Peña, presidente nacional de la ANEF.
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