CHILE: POLÍTICAS SOCIALES POST-NEOLIBERALES LA EXPERIENCIA DE CHILE.

Seminario Taller- Construyendo Ciudadanía: Las políticas sociales progresistas de los gobiernos del Cono Sur.

Resumen Ejecutivo

1. Desde 1990, Chile ha vivido una importante continuidad y estabilidad política, siendo gobernado desde entonces por una misma coalición de partidos. Esta se propuso democratizar el país y llevar adelante una estrategia de crecimiento con equidad, reemplazando a una dictadura de 17 años de marcado carácter refundacional, que legó una constitución, un sistema estatal y un modelo de desarrollo de clara y precursora impronta neoliberal. Las complejidades de la transición política hacían necesario demostrar que podía asociarse redemocratización con crecimiento, mientras las tensiones sociales heredadas y la propia orientación programática de la coalición democrática hacían indispensable darle un sello social a la gestión gubernamental.

2. La ruptura con el neoliberalismo no se produjo en el área de la apertura comercial y financiera y a la inversión extranjera o de la reversión de las privatizaciones masivas (aunque se ha mantenido un sistema de empresas públicas de alguna significación). Esta tuvo lugar, en escala moderada, en el área del restablecimiento de niveles previos de los tributos y del gasto social tradicional (aunque en proporción al PIB sigue siendo inferior a 1987 y al de la mayoría de los países latinoamericanos) y en el cambio de normas de sindicalización, negociación colectiva y salario mínimo, junto a un diálogo social periódico.

3. El resultado de esta opción ha sido la duplicación de la tasa de crecimiento promedio del PIB por habitante desde 1990 en comparación a aquella prevaleciente en el período de dictadura de 1974-1989, con la consecuencia de que Chile exhibe en 2007 el ingreso por habitante más alto de América Latina junto a Argentina y ha incrementado su participación en la economía mundial desde 1990. Esto ha permitido una importante creación de empleos, un incremento sistemático de los salarios y, junto al incremento proporcional al PIB moderado del gasto social, un fuerte incremento del gasto absoluto en las distintas áreas sociales.

4. El resultado social ha sido el de un fuerte mejoramiento de las condiciones de vida promedio de la población medida en mortalidad infantil, esperanza de vida y cobertura educacional, junto a un mayor acceso general a bienes y servicios y a una disminución de la pobreza monetaria absoluta.

5. El talón de Aquiles del proceso democrático chileno ha sido la persistencia de altos niveles de desigualdad, medido en términos de pobreza relativa, distribución del ingreso monetario (Chile se encuentra dentro de los países con pero distribución del continente) y movilidad social. A este resultado se asocia una precariedad laboral y de inserción del segmento excluido, junto a un cierto incremento de conductas de delincuencia y tráficos ilícitos.

6. La medición de la distribución de ingresos más reciente (2006) revela por primera vez desde 1990 un cambio de tendencia y una cierta mejoría distributiva. Este proceso coincide con la maduración de programas como el seguro de desempleo y la reforma a la salud de la administración de Ricardo Lagos y la puesta en marcha de programas de transferencias de ingresos condicionados, como el sistema Chile Solidario y el programa Puente. El recientemente creado por la administración Bachelet Sistema de Protección a la Infancia y la reforma al sistema de pensiones, que crea una Pensión Básica Solidaria para el 40% y más adelante el 60% de la población, refuerzan la tendencia a agregar capas sucesivas de un Sistema de Protección Social más estructurado.

7. La magnitud relativemente limitada de los recursos involucrados en relación al PIB (aunque como hemos subrayado en términos absolutos el incremento los ha más que duplicado) sigue siendo el problema esencial para aumentar la capacidad redistributiva del sistema tributos-gasto social público a niveles de los países de la OCDE. Lo propio puede decirse de la capacidad de alterar la distribución primaria del ingreso a través de una mayor capacidad negociadora de los salariados.

“El equilibrio conseguido en la modernidad entre los tres grandes medios de integración social está en peligro porque los mercados y el poder administrativo expulsan de cada vez más ámbitos de la vida a la solidaridad social, esto es, a un tipo de coordinación social basada en valores, normas y usos lingüísticos orientados hacia el entendimiento. Resulta también en interés propio del Estado constitucional tratar con cuidado todas las fuentes culturales de las que se nutre la conciencia normativa y la solidaridad de los ciudadanos.”

Jurgen Habermas. - Fundación FRIEDRICH EBERT STIFTUNG.

Gentileza: CEspinozaJ.
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