La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó la nueva Ley de Gobierno Corporativo de la estatal Corporación del Cobre (Codelco), con la que la mayor productora mundial de ese metal incorporará las mejores prácticas aplicadas en otras grandes empresas públicas. Además, la normativa recoge las principales recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile está postulando, y con ella Codelco se someterá a los principios de la Ley sobre Sociedades Anónimas Abiertas.
Bachelet promulgó la nueva ley en un acto celebrado en el interior de la División El Teniente, considerada la mayor mina subterránea del mundo y situada a unos 130 kilómetros al sureste de la capital chilena, en las cercanías de la ciudad de Rancagua.
"La nueva ley va a crear condiciones para que la Corporación sea más fuerte, más moderna, aún mejor administrada y se convierta en un modelo de gestión", dijo Bachelet sobre esta empresa, que financia cerca del 40% del presupuesto estatal. "Codelco es el buque insignia de Chile en los mercados internacionales", ensalzó la mandataria.
De acuerdo con la nueva normativa, la junta de accionistas residirá en la Presidencia de la República, que podrá delegar esta función en los ministerios de Minería y Hacienda, y eleva de siete a nueve la cantidad de miembros del directorio.
El presidente de la República nombrará directamente a tres de ellos y, además, designará a cuatro a proposición del Consejo de Alta Dirección Pública y otro a propuesta de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).
En tanto, el noveno integrante será presentado en conjunto por la Federación de Supervisores y Profesionales de Codelco (Fesuc) y por la Asociación Gremial Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco).
"Codelco va a contar con un gobierno corporativo que va a dar garantía a todos los sectores del país, va a proteger a la empresa y a sus trabajadores de ciertas críticas que muchas veces tienen motivaciones políticas o ideológicas más que motivaciones reales", recalcó Bachelet.
La normativa incluye, además, un mecanismo permanente para financiar las inversiones a través de un fondo de capitalización, y contempla un aporte de 1.000 millones de dólares en los próximos doce meses para financiar proyectos futuros.
Fuente: Información y Análisis América Latina.
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