Para aprovechar las oportunidades y dar pasos consistentes, no bastan las recetas económicas sino que se requiere una oleada de reformas políticas “en forma”.
El economista Eduardo Engel, luego de analizar el resultado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial para el caso de Chile, pone el dedo en la llaga en una columna cuando afirma que los problemas tienen su origen en la política, no en la economía. Sería miope no admitir que el Gobierno ha dado muestras de la importancia que la política le merece y se encuentra impulsando un conjunto de reformas. Sin embargo, se desconoce si por la falta de una visión más integral de lo que se requiere, o por el imperativo de negociaciones marcadas por lo incremental, más temprano que tarde nos toparemos de narices con un archipiélago de instituciones que, si bien pueden responder a la muy loada capacidad organizativa de ciertos sectores de la sociedad civil, reflejan una lógica potencialmente fragmentaria e, incluso, contradictoria entre sí. Por ejemplo, ahí tenemos la promesa de creación del Instituto de Promoción de la Transparencia, que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. No se entiende cómo no se ha impulsado de una buena vez la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman, que existe en todos los países a los que aspiramos parecernos.
Luego, en el plano de las propuestas, circulan en el debate público las peregrinas ideas de crear una Superintendencia de Partidos Políticos o incluso, de acreditarlos cuando lo sensato es fortalecer el Servicio Electoral. Sebastián Piñera entregó hace un tiempo una propuesta de reformas políticas un tanto decepcionante para un candidato presidencial, centrada en cuatro puntos escuálidos. Por suerte, se vio ensombrecida por su rol de salvataje en el debate sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En ese marco, propone una idea con reminiscencias tropicales: la creación de un ente que vele por la prohibición de que las autoridades realicen campañas mientras tengan un cargo. El proceso de impulsar las necesarias reformas políticas enfrenta discursos contradictorios y obstaculizadores. Es evidente que las proclamas "antipolíticas" de la oposición según las cuales la política no es relevante y hay que preocuparse de los "problemas concretos de la gente" en nada ayuda. Lo irónico es que terminan transformándose también en políticas aquellas fuerzas que abominan de su existencia.
Se observa la instalación de ideas tales como la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, en el marco de la propuesta en curso de reforma del Estado o a la existente Alta Dirección Pública que, si bien inspiradas en la necesidad genuina de ahuyentar aspectos que se diagnostican como problemáticos tales como la discrecionalidad, el patronazgo y la orientación electoralista, pueden derivar en problemas mayores. Con el afán genuino de evitar la captura de ciertas instituciones del Estado, se puede terminar creando instituciones y disposiciones que, amparadas en un afán técnico, independiente y cuasiangelical, quedan excluidas del control ciudadano. En el caso de la segunda, cuyo sentido original en comprensible como fruto de una crisis, existirá la posibilidad de someterla al necesario debate público cuando se discuta la ley que la perfecciona. No es ésta una aspiración superflua y permitirá cuestionar el tufo tecnocratista que la idea tiene de contrabando. Dado que se ha logrado elevar al Servicio Civil y a la Alta Dirección Pública a la categoría de panacea de los males que enfrenta la gestión estatal, bueno sería conocer los indicadores de desempeño que muestran quienes han ingresado por esta vía (reemplazando a los malignos operadores que ahora vamos descubriendo que no son exclusivos de un sector político, gracias a Huechuraba) para ver si son en efecto mejores. Además, no se entiende por qué no se identifica una conexión de esta institución con los jóvenes que, vocacionalmente, ingresan a estudiar la carrera de administración pública.
Para aprovechar las oportunidades que se advierten y dar pasos consistentes hacia el desarrollo, no bastan las recetas económicas sino que se requiere una oleada de reformas políticas "en forma" que incorporen, desde un punto de vista sistémico, chequeos y balances, transparencia, reconocimiento de sectores excluidos (nada se ha escuchado con relación a la ley de participación política equilibrada entre hombres y mujeres que se encuentra en el Congreso) y distribución de oportunidades. El pasado político reciente enseña que Chile tiene la capacidad, aunque larvada por momentos, de llegar a acuerdos más allá de la inmediatez y los personalismos, por cuanto existen líderes políticos expertos con la capacidad suficiente para convencer acerca de la necesaria renovación de las elites así como de una mayor limitación, competencia real, descentralización y desconcentración del poder.
Por María de los Ángeles Fernández - Directora Ejecutiva de Fundación Chile 21 .
El economista Eduardo Engel, luego de analizar el resultado de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial para el caso de Chile, pone el dedo en la llaga en una columna cuando afirma que los problemas tienen su origen en la política, no en la economía. Sería miope no admitir que el Gobierno ha dado muestras de la importancia que la política le merece y se encuentra impulsando un conjunto de reformas. Sin embargo, se desconoce si por la falta de una visión más integral de lo que se requiere, o por el imperativo de negociaciones marcadas por lo incremental, más temprano que tarde nos toparemos de narices con un archipiélago de instituciones que, si bien pueden responder a la muy loada capacidad organizativa de ciertos sectores de la sociedad civil, reflejan una lógica potencialmente fragmentaria e, incluso, contradictoria entre sí. Por ejemplo, ahí tenemos la promesa de creación del Instituto de Promoción de la Transparencia, que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. No se entiende cómo no se ha impulsado de una buena vez la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman, que existe en todos los países a los que aspiramos parecernos.
Luego, en el plano de las propuestas, circulan en el debate público las peregrinas ideas de crear una Superintendencia de Partidos Políticos o incluso, de acreditarlos cuando lo sensato es fortalecer el Servicio Electoral. Sebastián Piñera entregó hace un tiempo una propuesta de reformas políticas un tanto decepcionante para un candidato presidencial, centrada en cuatro puntos escuálidos. Por suerte, se vio ensombrecida por su rol de salvataje en el debate sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En ese marco, propone una idea con reminiscencias tropicales: la creación de un ente que vele por la prohibición de que las autoridades realicen campañas mientras tengan un cargo. El proceso de impulsar las necesarias reformas políticas enfrenta discursos contradictorios y obstaculizadores. Es evidente que las proclamas "antipolíticas" de la oposición según las cuales la política no es relevante y hay que preocuparse de los "problemas concretos de la gente" en nada ayuda. Lo irónico es que terminan transformándose también en políticas aquellas fuerzas que abominan de su existencia.
Se observa la instalación de ideas tales como la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, en el marco de la propuesta en curso de reforma del Estado o a la existente Alta Dirección Pública que, si bien inspiradas en la necesidad genuina de ahuyentar aspectos que se diagnostican como problemáticos tales como la discrecionalidad, el patronazgo y la orientación electoralista, pueden derivar en problemas mayores. Con el afán genuino de evitar la captura de ciertas instituciones del Estado, se puede terminar creando instituciones y disposiciones que, amparadas en un afán técnico, independiente y cuasiangelical, quedan excluidas del control ciudadano. En el caso de la segunda, cuyo sentido original en comprensible como fruto de una crisis, existirá la posibilidad de someterla al necesario debate público cuando se discuta la ley que la perfecciona. No es ésta una aspiración superflua y permitirá cuestionar el tufo tecnocratista que la idea tiene de contrabando. Dado que se ha logrado elevar al Servicio Civil y a la Alta Dirección Pública a la categoría de panacea de los males que enfrenta la gestión estatal, bueno sería conocer los indicadores de desempeño que muestran quienes han ingresado por esta vía (reemplazando a los malignos operadores que ahora vamos descubriendo que no son exclusivos de un sector político, gracias a Huechuraba) para ver si son en efecto mejores. Además, no se entiende por qué no se identifica una conexión de esta institución con los jóvenes que, vocacionalmente, ingresan a estudiar la carrera de administración pública.
Para aprovechar las oportunidades que se advierten y dar pasos consistentes hacia el desarrollo, no bastan las recetas económicas sino que se requiere una oleada de reformas políticas "en forma" que incorporen, desde un punto de vista sistémico, chequeos y balances, transparencia, reconocimiento de sectores excluidos (nada se ha escuchado con relación a la ley de participación política equilibrada entre hombres y mujeres que se encuentra en el Congreso) y distribución de oportunidades. El pasado político reciente enseña que Chile tiene la capacidad, aunque larvada por momentos, de llegar a acuerdos más allá de la inmediatez y los personalismos, por cuanto existen líderes políticos expertos con la capacidad suficiente para convencer acerca de la necesaria renovación de las elites así como de una mayor limitación, competencia real, descentralización y desconcentración del poder.
Por María de los Ángeles Fernández - Directora Ejecutiva de Fundación Chile 21 .
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