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Los medios de comunicación tienen cierta tendencia a destacar un tema y ponerlo en todos los espacios hasta agotarlo, pero cuando los temas se repiten una y otra vez es señal clara de que siguen sin solución y que no se ha actuado con la debida seriedad y responsabilidad respecto de ellos.
Eso sucede invariablemente cada año con la contaminación ambiental en la ciudad de Santiago, que lleva 18 años de políticas diseñadas por expertos que, por falta de preparación, realismo o de apoyo político, no han logrado hasta ahora más que evitar el agravamiento del envenenamiento del aire que se respira, sin avanzar hacia una solución como la que se merecen todas las personas, por sentido común y por disposiciones de la propia Constitución.
Este es un caso en el que no cabe ya siquiera hacer el intento de justificar lo injustificable, y no cabe más que aceptar que el aire capitalino enfrenta una situación de crisis que exige más eficiencia y menos discursos. Ese es un primer consenso imprescindible: Aceptar que las políticas ambientales han sido un fracaso y han ayudado por omisión a llegar a una situación de verdadera emergencia.
Un segundo aspecto en el que se requiere un acuerdo de todos los sectores interesados es reconocer que los problemas ambientales no se limitan a Santiago. Aunque la prensa muestre el drama de los niños con enfermedades respiratorias en la capital y se pueda calcular cuánta gente adicional muere en los días de mayor polución, se debe aceptar que hay otras ciudades que también enfrentan problemas similares, además de zonas explotadas irracionalmente sin respeto alguno por los equilibrios ecológicos.
Eso significa necesariamente que el modelo económico y las políticas urbanas también han sido un fracaso, ya que la pureza del aire y el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación no interesan al mercado ni al afán de construir más y más casas, sin importar la calidad de vida. Las ganancias están sobre los derechos humanos.
Por último, un tercer aspecto que requiere el consenso ciudadano es asumir que la responsabilidad del cuidado ambiental no es exclusiva del Estado sino que es una tarea colectiva en la que se deben comprometer todos. El sector privado no puede exigir mano dura a la autoridad si, al mismo tiempo, está buscando la forma de eludir las restricciones.
Lo que es especialmente importante de entender es que la contaminación no tiene color político y que se requiere el acuerdo de todos porque no es un asunto con el que se pueda jugar ni mucho menos aprovecharlo para una elección y volver a postergarlo después.
ANDRÉS ROJO T. – Periodista.
Gentileza: Martita Canto C.
Los medios de comunicación tienen cierta tendencia a destacar un tema y ponerlo en todos los espacios hasta agotarlo, pero cuando los temas se repiten una y otra vez es señal clara de que siguen sin solución y que no se ha actuado con la debida seriedad y responsabilidad respecto de ellos.
Eso sucede invariablemente cada año con la contaminación ambiental en la ciudad de Santiago, que lleva 18 años de políticas diseñadas por expertos que, por falta de preparación, realismo o de apoyo político, no han logrado hasta ahora más que evitar el agravamiento del envenenamiento del aire que se respira, sin avanzar hacia una solución como la que se merecen todas las personas, por sentido común y por disposiciones de la propia Constitución.
Este es un caso en el que no cabe ya siquiera hacer el intento de justificar lo injustificable, y no cabe más que aceptar que el aire capitalino enfrenta una situación de crisis que exige más eficiencia y menos discursos. Ese es un primer consenso imprescindible: Aceptar que las políticas ambientales han sido un fracaso y han ayudado por omisión a llegar a una situación de verdadera emergencia.
Un segundo aspecto en el que se requiere un acuerdo de todos los sectores interesados es reconocer que los problemas ambientales no se limitan a Santiago. Aunque la prensa muestre el drama de los niños con enfermedades respiratorias en la capital y se pueda calcular cuánta gente adicional muere en los días de mayor polución, se debe aceptar que hay otras ciudades que también enfrentan problemas similares, además de zonas explotadas irracionalmente sin respeto alguno por los equilibrios ecológicos.
Eso significa necesariamente que el modelo económico y las políticas urbanas también han sido un fracaso, ya que la pureza del aire y el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación no interesan al mercado ni al afán de construir más y más casas, sin importar la calidad de vida. Las ganancias están sobre los derechos humanos.
Por último, un tercer aspecto que requiere el consenso ciudadano es asumir que la responsabilidad del cuidado ambiental no es exclusiva del Estado sino que es una tarea colectiva en la que se deben comprometer todos. El sector privado no puede exigir mano dura a la autoridad si, al mismo tiempo, está buscando la forma de eludir las restricciones.
Lo que es especialmente importante de entender es que la contaminación no tiene color político y que se requiere el acuerdo de todos porque no es un asunto con el que se pueda jugar ni mucho menos aprovecharlo para una elección y volver a postergarlo después.
ANDRÉS ROJO T. – Periodista.
Gentileza: Martita Canto C.
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