CHILE: Pobres.

El número de pobres aumentó en 355 mil entre el 2006 y el 2009, con lo cual el total de personas considerados oficialmente en esa condición alcanzó a 2,5 millones de personas, un 15 por ciento de los chilenos. A pesar del rápido crecimiento de la economía hasta el 2008 y del gasto social a lo largo de todo el gobierno de Bachelet. La causa es bien evidente: El severo impacto de la crisis mundial sobre la enorme cantidad de familias que viven al filo de la pobreza.

A nadie se le puede echar la culpa por la ocurrencia de la primera. Sin embargo, todo Chile sabe que el origen de lo segundo no es otro que el brutal desnivel de poder en nuestra sociedad, que se arrastra desde el golpe militar, entre la abrumadora mayoría de maltratados ciudadanos, de cuyas manos y cerebros emerge la riqueza del país y la ínfima minoría que se apropia de la mayor parte de sus frutos. Ello se ha agravado al añadir la dirección del gobierno a los infinitos hilos del poder, gruesos y sutiles, que manipula a su exclusivo amaño.

Ha resultado bien grotesco, el espectáculo brindado por quiénes han pretendido hacer un mezquino aprovechamiento político de la reciente publicación de la encuesta CASEN, que ha medido las cifras anteriores. Se pasaron de vivarachos, de la manera en que se abalanzaron a aprovechar la oportunidad que finalmente creyeron tener a la mano, de desprestigiar a la ex-Presidenta, a quién con toda razón ven como su más peligroso rival en cuatro años más. El Presidente agarró de inmediato la guaripola, como parece ser su tendencia irresistible en todo orden de cosas, antes de darse una voltereta al percatarse de la embarrada.

Lamentablemente, otros con propósitos más loables también han creído ver una ocasión calva para ajustar algunas cuentas pendientes.

Lo bueno de todo este escándalo es que ha puesto en primer plano una de las pocas materias en la cual todo Chile está de acuerdo: reducir la pobreza. A continuación se proponen cuatro medidas de amplia aceptación para mejorar la situación general de la población de manera inmediata y sostenida:

1. Establecer de una vez por todas un subsidio de cesantía decente: El número de pobres aumentó el 2009 porque las cesantía alcanzó a cerca del 10 por ciento y el seguro de desempleo es totalmente ineficaz. Según un informe del Instituto Nacional de estadísticas, INE, publicado en estos días, las familias chilenas derivan el 70,72 por ciento de sus ingresos de la ocupación y el resto de rentas de la propiedad, arriendo y transferencias. De este modo, los desocupados pierden su principal fuente de ingresos y junto a sus familias caen masivamente bajo la línea de pobreza, cualquiera sea el modo en que esta se determine. Los países civilizados y las NN.UU. reconocen el derecho de los trabajadores a mantener su ingreso si pierden su empleo. Por este motivo, al alcanzar un determinado nivel de desarrollo, todos los países han establecido un subsidio que garantice a las personas que pierden su empleo un ingreso parecido al que perciben normalmente, de modo más o menos universal y durante un tiempo adecuado. Este tipo de subsidios actúa como un regulador anticíclico automático, puesto que aumenta el gasto público de modo sustancial cuando se producen recesiones y lo disminuye cuando la economía se reactiva. El seguro de desempleo actual opera como las AFP y es tan ineficaz para asegurar un ingreso a los cesantes como aquellas para dar buenas pensiones, puesto que ambos suponen que basta con apostar menguados ahorros forzosos a la magia de los mercados financieros para lograrlo, lo que es una falacia. Ya la reforma reciente demostró que el Estado debe subsidiar las pensiones al 60 por ciento más pobre de la población. Lo mismo ocurre con el seguro de desempleo. La supuesta garantía de pensión mínima no servía para nada puesto que los que la necesitaban no cumplían los 20 años de contribuciones requeridos para obtenerla. Del mismo modo, el fondo solidario del seguro de cesantía no sirve para nada, porque dos tercios de la fuerza de trabajo no alcanza a satisfacer el requisito de haber cotizado en promedio al menos uno de cada dos meses en los últimos dos años. Por este motivo, en plena crisis el Estado aportó a dicho fondo solo un dólar al mes por cada cesante. Hay que eliminar la pre-condición y el Estado debe aportar al fondo de modo automático lo necesario para garantizar a todos los asalariados la continuidad de sus ingresos durante sus períodos de cesantía. Post data: dejar de chantajear con la eliminación de la indemnización por años de servicio como condición para mejorar el seguro de desempleo.

2. Subir y extender las pensiones solidarias: Junto con el subsidio de cesantía, no hay medio más eficaz para sostener de modo estable los ingresos de las familias populares, que otorgar a sus viejos la pensión decente que se merecen más que de sobra. Esto lo ha entendido el gobierno y ha propuesto adelantar el calendario de montos y coberturas establecido por la reforma. Sin embargo, se puede avanzar muchísimo más. Un estudio de CENDA para el INP demostró que manteniendo el gasto que el Estado venía sosteniendo en el último cuarto de siglo, como proporción del PIB, era posible financiar una pensión inicial de $100.000 mensuales al 85 por ciento de los adultos mayores. La reforma, en cambio, aprobó $75.000 para el 60 por ciento de los mayores de 65 años, como una meta a lograr el día de San Blando. Dicho y hecho. El gobierno de Bachelet estancó el monto del gasto público en pensiones, en lugar de aumentarlo significativamente como ocurrió en todos las otras partidas del gasto social. El 2007 de hecho lo redujo en 0,1 por ciento y el 2008 lo incrementó en 1 por ciento, mientras el gasto social total creció en 8,2 y 9,2 por ciento, respectivamente. Post data: reconocer el derecho de las mujeres a recibir su pensión solidaria a los 60 años. La reforma las discriminó inconstitucionalmente, puesto que los varones la perciben al cumplir su edad legal de jubilar, mientras ellas deben esperar cinco años para lograrla.

3. Medir mejor la pobreza: De hecho, el número de pobres es muchísimo más elevado y su incremento mayor aún que lo que señala la CASEN. El incidente develó la fragilidad del instrumento de medida y puede ser una buena ocasión de mejorarlo. La pobreza se determina a partir de una línea calculada en base al costo una canasta de bienes. Sin embargo, como ha venido denunciando desde hace años la Fundación para la Superación de la Pobreza y en especial uno de sus ex-directores, el actual Ministro de Hacienda, los alimentos tienen una ponderación muy superior a lo que hoy representan, puesto que se basa en el patrón de consumo de 1987. Irónicamente, esta ocasión dicha distorsión jugó a favor de develar el verdadero número de pobres un poco menos mal que antes, puesto que coyunturalmente los precios de alimentos aumentaron un 50 por ciento más que el IPC en el año de la medición.

Reducir de verdad la pobreza es un asunto nacional de primer orden, puesto que el prolongado maltrato que ha sufrido el pueblo, que se prolonga desde el golpe de Pinochet, constituye el pecado original de la emergencia capitalista chilena y constituye el principal obstáculo a su continuado desarrollo. La medidas anteriores ayudan, aunque ciertamente no son suficientes.

Lo más eficaz será cambiar la constitución, para nivelar definitivamente la muy desigual relación de fuerzas que prevalece en la extremadamente segregada y todavía muy poco democrática sociedad chilena.

Por Manuel Riesco - Economista. Ex coordinador del programa económico de Jorge Arrate.

Fuente: El Mostrador.
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