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Los últimos años ocurrieron bulladas movilizaciones de trabajadores subcontratados en grandes empresas públicas y privadas. No todas estas empresas reaccionaron de la misma forma.
Algunas enfrentaron proactivamente y con negociación la conflictividad laboral en sus procesos, asumiendo que parte importante de sus operaciones la han entregado a trabajadores externos y que por tanto, sus demandas son problemas que les afectan y demandan creatividad e inteligencia para resolverlos. Estas empresas acordaron negociaciones exitosas con sus trabajadores subcontratados, ganando estabilidad y seguridad para sus negocios.
Otras grandes empresas, en cambio, consideraron que la ley les exime de negociar con sus trabajadores subcontratados y por tanto rechazaron negociar con ellos, desentendiéndose de sus demandas. Pero tal negativa sólo logró que los trabajadores obtuvieran más legitimidad y apoyo e incluso ampliaran sus demandas. Negarse a negociar fue una mala idea: estas empresas enfrentaron un incremento de la conflictividad, paralización de faenas y un entorno cada vez menos amistoso.
Las empresas que se negaron a negociar dijeron que enfrentaban un problema de orden público: trabajadores sin derecho a negociar recurrían a la agitación callejera para obtenerlo, por lo que debía intervenir la policía. Pero no era un asunto policial: era un desafío laboral que grandes empresas enfrentaron exitosamente logrando acuerdos razonables con sus subcontratistas, sin exposición mediática ni politización. Las empresas que se negaron a asumir como propio el problema de mejorar las condiciones de sus subcontratistas, solo lograron politizar las demandas laborales, interpelando a la autoridad para que reestableciera el orden público.
Si hay aún grandes empresas que creen que solo les incumben las demandas de sus trabajadores directos -aún cuando sean cada vez menos y estén aumentando rápidamente los trabajadores externos en sus procesos- la conflictividad laboral no dejará de crecer. Si hay aún grandes empresas que prefieren interpelar a la autoridad ante las presiones de sus trabajadores subcontratados en vez de poner a prueba su capacidad de enfrentar la conflictividad en sus procesos y asumir que parte importante de sus operaciones la han entregado a trabajadores externos, no debiera extrañarnos que alcaldes, gobernadores, intendentes, legisladores y ministros de Estado se involucren en resolver la conflictividad laboral de grandes empresas los próximos años.
El autor es Abogado, investigador asociado al Centro de Relaciones Laborales, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Central.
Por Diego López - Gentileza: Crónica Digital
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