Entre los reclutados figura un conocido dirigente poblacional de la falange, cuya esposa trabajaba como secretaria de la directiva en el antiguo edificio de Carmen con Alameda, así como un miembro del llamado grupo de ‘’los salvadoreños’’. Los datos están en poder del ministro Mario Carroza, quien sustancia el proceso por la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987. Todos confesaron que recibían dinero por los datos proporcionados a los servicios de seguridad del régimen.
Un listado con los informantes que tuvo la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI) en la Democracia Cristiana, en el entonces Partido Nacional, como también en el Partido Radical y organizaciones sindicales hasta fines de los 80’, llegó hace algunos meses al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI), cuyo contenido publica en exclusiva El Mostrador.cl.
La información fue enviada al ministro Mario Carroza, que sustancia el proceso por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Este último abrió un cuaderno reservado con el documento, en donde ya declararon 15 personas ante la policía civil. En la orden de investigar 943, fechada el 8 de junio pasado, aparecen tres militantes de la DC, que eran pagados por la CNI a cambio de información relevante, entre ellos la secretaria de ese partido en la entonces sede ubicada en Carmen con Alameda, Hilda Navarro Varas; su esposo, el destacado dirigente poblacional, Gerardo Cerda Weber y Ricardo de la Castilleja Terraza, un militante perteneciente al denominado grupo de los “salvadoreños”. Todos reconocieron su calidad de informantes, así como también el pago de dinero por ese servicio.
La idea del Programa era que Carroza estableciera si alguno de esos informantes entregó algún dato relevante a la CNI que derivara en el secuestro y homicidio de los frentistas Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, quienes fueron lanzados al mar en un helicóptero del Ejército en 1987. Esta es la primera vez que aparece un listado de personas vinculadas a colectividades políticas que a la vez eran informantes de los servicios de seguridad del régimen militar. Por esta razón, Carroza mantiene esta arista de su indagatoria en el más absoluto secreto y El Mostrador sólo publica los testimonios de las personas que están confesas, ya que existen otras veinte que aún no han declarado. Tampoco se revelan los nombres de quienes han negado su vinculación en estas actividades. Los contras y la CIA.
El primero en prestar declaración fue el DC Ricardo de la Castilleja Terraza, adscrito al grupo conocido como los “salvadoreños”. Este fue un grupo de militantes que asesoró al presidente de ese país, José Napoleón Duarte a principios de los 80, en momentos en que se desarrollaba la guerra, junto a la CIA, contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto a esa fecha sumaba más de dos mil muertos y desaparecidos. La militancia de Castilleja, así como su participación en este “lote”, fue confirmada por el alcalde de Chaitén –también del grupo de los “salvadoreños”- José Miguel Fritis, quien renunció recientemente a la colectividad. Castilleja asegura que luego de su paso por Ecuador –donde gestionó la visita que hizo Eduardo Frei Montalva en 1979- y el Salvador, volvió a Chile. Aquí fue contactado por agentes de la CNI, mientras se desempeñaba como corresponsal extranjero. De acuerdo a la lista del organismo represivo, Castilleja usaba la chapa de Daniel Canales y su “agente de control” era Diego O. Según su testimonio, entregaba información de las conferencias de prensa en las que participaba, así como otros antecedentes políticos. La idea era que la CNI supiera con antelación los movimientos de la oposición. En el listado aparece que por esos servicios recibía $ 180 mil de la época, cantidad muy superior a los otros informantes, por lo que los datos que entregaba debieron ser muy valorados por la Brigada Político Sindical del organismo de inteligencia. “Debido a esta relación surgieron lazos de amistad, lo que me permitió canjear ciertos favores como también recopilar ciertos antecedentes de estos agentes relativos a personeros políticos, e intercambiar información de personas detenidas y políticos”, testimonió.
El topo DC
El caso que más llama la atención es el del conocido dirigente poblacional de la DC y creador de varias organizaciones de base, Gerardo Cerda Weber, quien falleció el año pasado en Antofagasta. Cerda Weber usaba el nombre operativo de Francisco Ferrada y era controlado por el agente “Sebastián”. Ligado a uno de los barones de la DC, Jaime Castillo Velasco, fue reclutado por la CNI para obtener información relativa a las reuniones de mujeres en la colectividad. Esta labor la desarrolló junto a su esposa Hilda Navarro Varas, cuya chapa era Cecilia Arrué Fernández, y quien actualmente tiene militancia activa en el partido. Navarro Varas llegó a ser contratada como secretaria administrativa en la entonces sede nacional de la falange, en Alameda con Carmen. Desde ese lugar privilegiado tuvo acceso a todo lo que los agentes pedían, y tanto su marido como ella recibían dineros de la CNI. “Quisiera precisar que toda la información que yo proporcioné a la CNI, por intermedio de mi marido, decía relación con las actividades partidarias de las mujeres militantes de la DC, ya que en esos años estas reuniones se efectuaban en gran número, al igual que las protestas contra el gobierno, antecedentes que eran importantes para ese organismo”, declaró.
Años más tarde Cerda Weber se enfermaría de un extraño virus que lo postró en una silla de ruedas y lo llevó a la muerte, según consignan varias páginas web que hablan de su militancia comprometida de “camarada imprescindible”. El espía enamorado Situación similar es la de Andrea Mañán Bustamante, cuya chapa era Camila Latorre Vargas, una ex militar que fue reclutada para infiltrar al desaparecido Partido Nacional (PN), donde obtenía informaciones de las reuniones. Una vez convertido en Renovación Nacional continuó espiando sobre las actividades de candidatos a diputados y senadores de la colectividad, a fines de los 80, en el marco de las elecciones que marcaron el retorno a la democracia. Un caso paradigmático lo constituye el de Silvia del Carmen Baeza, que usaba la chapa de Rebeca Muñoz. Ella estaba infiltrada en el Partido Radical a fines de los 80’ y su agente de control era un tal Martín Cádiz, cuya identidad real es Marcelo Ariel Sandoval Durán, actualmente procesado por secuestro, en el marco del proceso por homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Lo singular es que ambos ahora son matrimonio. “Martín Cádiz me comentó que mi labor sería participar en las reuniones del Partido Radical en la calle París, donde debía informar del tipo de conversación que se hablaba, cuántas personas participaban en ellas, etc”, declaró Baeza, quien también reconoce el pago de dinero. El chofer reclutado Otro DC que trabajó para la CNI fue Luis Becerra, quien se desempeñó como chofer del fallecido ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y luego de Andrés Zaldívar. Becerra fue descubierto por el ministro en visita Alejandro Madrid, en la indagatoria que sustancia por el misterioso fallecimiento del ex Mandatario, supuestamente a manos de la inteligencia militar, mientras se encontraba hospitalizado en la Clínica Santa María en 1982.
Un listado con los informantes que tuvo la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI) en la Democracia Cristiana, en el entonces Partido Nacional, como también en el Partido Radical y organizaciones sindicales hasta fines de los 80’, llegó hace algunos meses al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI), cuyo contenido publica en exclusiva El Mostrador.cl.
La información fue enviada al ministro Mario Carroza, que sustancia el proceso por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Este último abrió un cuaderno reservado con el documento, en donde ya declararon 15 personas ante la policía civil. En la orden de investigar 943, fechada el 8 de junio pasado, aparecen tres militantes de la DC, que eran pagados por la CNI a cambio de información relevante, entre ellos la secretaria de ese partido en la entonces sede ubicada en Carmen con Alameda, Hilda Navarro Varas; su esposo, el destacado dirigente poblacional, Gerardo Cerda Weber y Ricardo de la Castilleja Terraza, un militante perteneciente al denominado grupo de los “salvadoreños”. Todos reconocieron su calidad de informantes, así como también el pago de dinero por ese servicio.
La idea del Programa era que Carroza estableciera si alguno de esos informantes entregó algún dato relevante a la CNI que derivara en el secuestro y homicidio de los frentistas Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, quienes fueron lanzados al mar en un helicóptero del Ejército en 1987. Esta es la primera vez que aparece un listado de personas vinculadas a colectividades políticas que a la vez eran informantes de los servicios de seguridad del régimen militar. Por esta razón, Carroza mantiene esta arista de su indagatoria en el más absoluto secreto y El Mostrador sólo publica los testimonios de las personas que están confesas, ya que existen otras veinte que aún no han declarado. Tampoco se revelan los nombres de quienes han negado su vinculación en estas actividades. Los contras y la CIA.
El primero en prestar declaración fue el DC Ricardo de la Castilleja Terraza, adscrito al grupo conocido como los “salvadoreños”. Este fue un grupo de militantes que asesoró al presidente de ese país, José Napoleón Duarte a principios de los 80, en momentos en que se desarrollaba la guerra, junto a la CIA, contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto a esa fecha sumaba más de dos mil muertos y desaparecidos. La militancia de Castilleja, así como su participación en este “lote”, fue confirmada por el alcalde de Chaitén –también del grupo de los “salvadoreños”- José Miguel Fritis, quien renunció recientemente a la colectividad. Castilleja asegura que luego de su paso por Ecuador –donde gestionó la visita que hizo Eduardo Frei Montalva en 1979- y el Salvador, volvió a Chile. Aquí fue contactado por agentes de la CNI, mientras se desempeñaba como corresponsal extranjero. De acuerdo a la lista del organismo represivo, Castilleja usaba la chapa de Daniel Canales y su “agente de control” era Diego O. Según su testimonio, entregaba información de las conferencias de prensa en las que participaba, así como otros antecedentes políticos. La idea era que la CNI supiera con antelación los movimientos de la oposición. En el listado aparece que por esos servicios recibía $ 180 mil de la época, cantidad muy superior a los otros informantes, por lo que los datos que entregaba debieron ser muy valorados por la Brigada Político Sindical del organismo de inteligencia. “Debido a esta relación surgieron lazos de amistad, lo que me permitió canjear ciertos favores como también recopilar ciertos antecedentes de estos agentes relativos a personeros políticos, e intercambiar información de personas detenidas y políticos”, testimonió.
El topo DC
El caso que más llama la atención es el del conocido dirigente poblacional de la DC y creador de varias organizaciones de base, Gerardo Cerda Weber, quien falleció el año pasado en Antofagasta. Cerda Weber usaba el nombre operativo de Francisco Ferrada y era controlado por el agente “Sebastián”. Ligado a uno de los barones de la DC, Jaime Castillo Velasco, fue reclutado por la CNI para obtener información relativa a las reuniones de mujeres en la colectividad. Esta labor la desarrolló junto a su esposa Hilda Navarro Varas, cuya chapa era Cecilia Arrué Fernández, y quien actualmente tiene militancia activa en el partido. Navarro Varas llegó a ser contratada como secretaria administrativa en la entonces sede nacional de la falange, en Alameda con Carmen. Desde ese lugar privilegiado tuvo acceso a todo lo que los agentes pedían, y tanto su marido como ella recibían dineros de la CNI. “Quisiera precisar que toda la información que yo proporcioné a la CNI, por intermedio de mi marido, decía relación con las actividades partidarias de las mujeres militantes de la DC, ya que en esos años estas reuniones se efectuaban en gran número, al igual que las protestas contra el gobierno, antecedentes que eran importantes para ese organismo”, declaró.
Años más tarde Cerda Weber se enfermaría de un extraño virus que lo postró en una silla de ruedas y lo llevó a la muerte, según consignan varias páginas web que hablan de su militancia comprometida de “camarada imprescindible”. El espía enamorado Situación similar es la de Andrea Mañán Bustamante, cuya chapa era Camila Latorre Vargas, una ex militar que fue reclutada para infiltrar al desaparecido Partido Nacional (PN), donde obtenía informaciones de las reuniones. Una vez convertido en Renovación Nacional continuó espiando sobre las actividades de candidatos a diputados y senadores de la colectividad, a fines de los 80, en el marco de las elecciones que marcaron el retorno a la democracia. Un caso paradigmático lo constituye el de Silvia del Carmen Baeza, que usaba la chapa de Rebeca Muñoz. Ella estaba infiltrada en el Partido Radical a fines de los 80’ y su agente de control era un tal Martín Cádiz, cuya identidad real es Marcelo Ariel Sandoval Durán, actualmente procesado por secuestro, en el marco del proceso por homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Lo singular es que ambos ahora son matrimonio. “Martín Cádiz me comentó que mi labor sería participar en las reuniones del Partido Radical en la calle París, donde debía informar del tipo de conversación que se hablaba, cuántas personas participaban en ellas, etc”, declaró Baeza, quien también reconoce el pago de dinero. El chofer reclutado Otro DC que trabajó para la CNI fue Luis Becerra, quien se desempeñó como chofer del fallecido ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y luego de Andrés Zaldívar. Becerra fue descubierto por el ministro en visita Alejandro Madrid, en la indagatoria que sustancia por el misterioso fallecimiento del ex Mandatario, supuestamente a manos de la inteligencia militar, mientras se encontraba hospitalizado en la Clínica Santa María en 1982.
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