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Gabriela Mistral

jueves, 19 de junio de 2008

Gobierno logra aprobar Ley de Educación en la Cámara con apoyo de la Alianza y orden oficialista.

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Para obtener apoyo del oficialismo a la ley que reemplaza a la Loce, el gobierno se vio obligado a firmar un protocolo de acuerdo para fortalecer la educación pública. Finalmente, el proyecto se aprobó por 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones.
Finalmente la Concertación se alineó con el gobierno, sumando 43 votos a los 53 que ya había asegurado la Alianza para aprobar el proyecto de Ley General de Educación (LGE).

De esta forma y luego de más de cuatro horas de debate, la sala de la Cámara aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) con 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones.

En lo que fue considerado un triunfo para el gobierno, la LGE obtuvo luz verde por la Cámara tras intensas negociaciones con la Alianza, que cuestionó en primera instancia que se incorporaran nuevas indicaciones a lo acordado en noviembre pasado al suscribir el acuerdo para avanzar en la Reforma Educacional.

Para asegurar el apoyo de la derecha al proyecto el gobierno tuvo que consensuar una indicación que asegurara la naturaleza mixta (pública y privada) del sistema de Educación, lo que generó el inmediato rechazo de parte de la Concertación.

En este escenario, ayer el Ejecutivo desplegó un intenso lobby para lograr los votos del oficialismo que amenazaban con rechazar el proyecto que se votó hoy en la sala. Tras un tenso almuerzo entre el comité político, los presidentes de la Concertación y los jefes de bancada, se acordó apoyar la iniciativa previo compromiso presidencial de impulsar la educación pública.

Dicho acuerdo se refrendó en la votación de hoy, luego que esta mañana en La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet suscribiera el protocolo de acuerdo que busca asegurar un marco estructural y de financiamiento para la educación pública.

Tras aprobar en general el proyecto se pasó a la votación de las 75 indicaciones presentadas durante la mañana, mayoritariamente por parlamentarios de la Concertación. No obstante, la única indicación que fue aprobada por la Cámara -por 85 votos a favor, 9 en contra y 10 abstensiones- fue la que negoció intensamente el Ejecutivo con la Alianza los días previos a que se iniciara la discusión de la LGE en el Congreso, despertando el rechazo de parte de los diputados del bloque de gobierno.

Dicha indicación sostiene que "es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones y tengan la obligación de proveer una educación pública de calidad, pluralista y que promueva la integración social, dando además cumplimiento a los otros principios contemplados en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes".

GOBIERNO CONFORME
Al término de la extensa sesión, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, se declaró satisfecha por el resultado de la votación.

"Así como el padre Hurtado, estoy contenta, señor contento. Estamos contentos, fue un gran avance para la educación chilena. Yo nunca perdí la esperanza, siempre confié en este Parlamento y así lo hizo la Cámara de Diputados aprobando la ley. Ahora este debate continúa en el Senado, y esperamos que suceda lo mismo", dijo.

En tanto, el ministro de la secretaria general de Gobierno (Segegob), Francisco Vidal, hizo hincapié en que espera que este año sea aprobada la ley en el Congreso, recordando que ahora ingresa a su segundo trámite en el Senado.

"Hoy día ha ganado la Presidenta de la República y ha ganado la educación, eso es lo que nos importa. La única posibilidad de derogar la ley de Pinochet era por medio de un acuerdo con la derecha y eso se logro, eso es lo importante. La educación de Chile mejor que ayer", exclamó el secretario de Estado.

PROFESORES Y ESTUDIANTES INDIGNADOS
Pese a la alegría del Ejecutivo, los profesores y estudiantes que han protagonizado movilizaciones y protestas en contra de la aprobación del proyecto en las últimas semanas, reaccionaron con indignación a la votación de la Cámara de Diputados.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, presente en la sala señaló molesto que "seguimos exigiendo que se debe retirar la LGE, este proyecto que han aprobado, vamos a exigir que se retire, vamos a dar la batalla en el Senado, lo que significa que vamos a perseguir el rechazo de este proyecto de ley y si se aprueba en el Senado, vamos a pedir el veto", señaló luego que los cerca de cien personas que se encontraban en las tribunas de la Cámara fuesen desalojados por Carabineros en medio de empujones y un gran tumulto producto de las manifestaciones en contra de la votación de la Cámara.

En tanto, el proyecto de ley General de Educación deberá pasar a su segundo trámite legislativo en el Senado, donde también se espera un complejo escenario para el gobierno, considerando que ha perdido la mayoría y los parlamentarios miembros del comité independientes sumados a algunos oficialistas están por rechazar la iniciativa.

LO QUE DICE LA LEY
La Ley General de Educación surgió del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, instancia que recogió las demandas emanadas de la movilización estudiantil secundaria del 2006, que provocó la salida del ministro de Educación de ese entonces, Martín Zilic y del titular de Interior, Andrés Zaldívar. Intentando dar respuesta a esas demandas, se plantearon una serie de propuestas de reforma a la LOCE que se articularon en un proyecto de ley.

Esta ley incorpora y enfatiza los principios de calidad y equidad educativa, se encarga de resguardar la calidad de la educación, a través de la creación de la "agencia de calidad". Asimismo, tiene el control y regulación del uso de los recursos fiscales, mediante la creación de la Superintendencia de Educación, y establece requisitos más exigentes que los actuales para incorporarse como sostenedor al sistema educativo y mantenerse en éste.

Otra de las incorporaciones que esta ley contempla es que los sostenedores sólo podrán ser personas jurídicas, poseer giro único, y los que reciban recursos del Estado deberán rendir cuenta pública de los mismos.

Fuente: La Tercera.
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