Aumentan denuncias contra varios países.En el informe anual de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) se indica que los avances democráticos y el "constitucionalismo" que se ha producido en la región en las últimas décadas "no han sido suficientes para garantizar la justicia social, ni el pleno goce de los derechos sociales".
En el caso de Colombia, la CIDH señala que es consciente de la compleja situación del país tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil, del efecto del narcotráfico en la violencia y de los esfuerzos del Estado para avanzar en la paz. No obstante, mantiene su preocupación con respecto a los reductos no desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos grupos armados.
Cuba, que fue suspendida de su participación en la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962, es analizada a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que las autoridades de La Habana son responsables jurídicamente ante la Comisión en esta materia. La Comisión reitera que las sanciones económicas impuestas por EEUU a la isla tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos de la población cubana, e insiste en que "el embargo debe terminar".
Asimismo, la CIDH insta al Estado cubano a que haga reformas en materia de derechos humanos, adecue sus normas a los estándares sobre el debido proceso, ordene la liberación "inmediata e condicional" del opositor Oscar Elías Biscet y de los otros detenidos en la llamada "Primavera Negra" de 2003, y declare nulas sus condenas.
En lo referente a Venezuela, la CIDH critica, una vez más, la negativa del Gobierno a concretar fechas para que pueda realizar una visita al país y analizar la situación de estos derechos fundamentales. A la CIDH le sigue preocupando la existencia de un ambiente hostil para la disensión política, el hostigamiento a organizaciones no gubernametales, el funcionamiento de la justicia, obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes que pueden afectar a los derechos básicos y las graves condiciones de los presos.
En cuanto a Haití, la Comisión señala que la situación en ese país se caracterizó una vez más por los obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. Destaca la crisis alimentaria y los disturbios, la destitución del primer ministro haitiano y su efecto sobre la estabilidad política, así como los desastres naturales ocurridos en 2008. "Los efectos de estos sucesos han sido devastadores para los medios de vida cotidianos y la supervivencia de los haitianos", menciona la CIDH, que el año pasado recibió 1.323 denuncias y batió un récord con 1.376 casos y peticiones en trámite.
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Fuente: Diario Hispano Venezolano.
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