El uso desproporcionado de recursos monetarios en la esfera política constituye una falta grave al principio de igualdad democrática y una violación a los mecanismos institucionales que regulan materias de gasto y propaganda electoral. Esto porque la relación difusa entre política y dinero es altamente nefasta cuando se intenta obtener ventajas electorales a través del quebrantamiento de las normas.La legislación chilena pone límites, tanto en el gasto como en la difusión de las campañas, cuestión que no es antojadiza porque responde al fortalecimiento de las políticas de transparencia y a los procesos de modernización democrática que ha llevado adelante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
La ley sobre votaciones populares y escrutinios preceptúa que se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas al escrutinio popular. Y es justamente en la intencionalidad que hay tras la anticipación de la propaganda donde se debe poner el acento. Si bien la publicidad no expresa literalmente la palabra "votar", por medio de ésta se realiza un llamado implícito para dar a conocer una opción y conseguir adhesión. Por lo tanto, tratar de alterar la voluntad ciudadana, fuera de plazo legal, sin importar el tipo de propaganda o el lugar donde esté, es, lisa y llanamente, ilegal.
Restringir el tiempo de propaganda electoral tiene como objetivo impedir que el dinero sea una variable determinante en los resultados electorales. La ley es clara: la propaganda a través de la prensa, radioemisoras y canales de televisión sólo puede efectuarse en un plazo comprendido entre el trigésimo y el tercer día anterior al de la elección, el mismo plazo rige para propaganda mediante volantes, elementos colgantes o avisos luminosos o proyectados.
Pero no basta sólo con que los actores tengan claras las reglas del juego, sino que también las respeten. Al repletar muros y emitir propaganda radial fuera del plazo legal en medios de comunicación, se utilizan recursos que no entran en la contabilidad de los gastos que la ley exige. Por lo tanto, al rendir cuentas luego del proceso electoral, los montos que se harán públicos no tendrán relación con los ejecutados en la realidad. Lo anterior, sin escrutar respecto del origen de los mismos.
La mejor propaganda es el ejercicio de la honestidad como candidatos y coaliciones, la consecuencia con los principios democráticos que han defendido en su historia y que dicen defender y por cierto, las propuestas de futuro que ofrecen al país. El derroche es siempre reprobable, pero en tiempo de crisis se convierte en un insulto. En consecuencia, la austeridad constituirá una señal de virtud y congruencia en las campañas políticas.
Desde antiguo se comprobó que quienes adscriben a un sistema de gobierno basado en el poder del dinero no creen en los valores de la democracia. La lógica democrática es distinta, pues parte de la base de que todos somos iguales y que tenemos, en general, la misma capacidad política Usted vale por lo que es, no por lo que tiene.
Caen en contradicción aquellos que pretenden hacer de lo público su negocio privado. Quien aspire a llegar al servicio público debe comprender que este es un privilegio que se debe honrar en forma austera las 24 horas del día.
En consecuencia, la política no puede quedar sometida a la preponderancia del mercado y el capital. La crisis mundial desnudó que los mercados sin reglas no pueden funcionar. El bien público, más que individualismos egoístas, requiere de gobiernos progresistas que promuevan la democracia, la justicia electoral y social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.
En suma, el poder del dinero no puede arriesgar ni menos vulnerar los valores básicos de la democracia, a saber: la igualdad de los ciudadanos, la libertad de los electores y la autonomía de quienes resultan electos. Así de claro.
Por Neftalí Carabantes H. es subsecretario general de Gobierno.
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