El juez Baltasar Garzón responderá el miércoles ante el Tribunal Supremo a las acusaciones de falta de jurisdicción y competencia por intentar abrir una causa sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil española y el franquismo.El Supremo inició la investigación el pasado mayo, tras aceptar una demanda presentada por Manos Limpias, un sindicato conservador de funcionarios. De momento, Garzón no está formalmente acusado de delito alguno ni ha sido apartado de su cargo.
El magistrado español, mundialmente conocido por casos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, deberá testificar como sospechoso de prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta.
Se trata del último golpe de una serie de contratiempos que han afectado recientemente a la rutilante carrera de Garzón, muy vinculada a la jurisdicción universal y a procesos tan sonados como el de presuntas torturas cometidas en la prisión de la armada estadounidense en Guantánamo, Cuba.
En junio, el juez fue multado con 300 euros (434 dólares) por un error administrativo que obligó a poner en libertad a dos presuntos narcotraficantes.
A final del año pasado, una gran operación contra una célula islamista que supuestamente pretendía atentar contra la sede de la Audiencia Nacional en Madrid, donde se juzgan los delitos de terrorismo y en la que trabaja Garzón, quedó prácticamente reducida a la mínima expresión. De los 45 detenidos por orden del magistrado, sólo seis fueron finalmente condenados.
Además, Garzón también fue investigado este año, aunque el caso fue archivado, por unos supuestos pagos recibidos de una universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, cuando impartió algunas conferencias durante un año sabático de su trabajo.
Ahora, el juez debe responder por su intento de abrir en 2008 el primer gran proceso en España sobre las desapariciones de decenas de miles de personas durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco.
Después de enfrentarse a la Fiscalía y a otras instancias judiciales, que se opusieron a esta investigación, Garzón decidió inhibirse y dejó el caso en manos de tribunales regionales.
En un primer momento, el juez consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores del bando republicano al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad. Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura.
En una de ellas descansan supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado por las tropas de Franco en 1936.
Sin embargo, la Fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977 para restañar las heridas de la guerra entre los dos bandos.
Finalmente, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para proseguir con la investigación.
En ese sentido, Manos Limpias dijo en su querella que el magistrado actuó a sabiendas de que no tenía jurisdicción y sostuvo que Garzón utilizó un "artilugio jurídico" al referirse a las desapariciones durante el franquismo.
El sindicato alegó que lo hizo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama", un cruento episodio de la guerra civil en el cual las fuerzas de seguridad republicanas de esa localidad cercana a Madrid fusilaron a más de 4.000 prisioneros del bando franquista.
La querella, en la que se pide 20 años de inhabilitación para Garzón, sostiene además que el juez utilizó el procedimiento "consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría".
Por JORGE SAINZ - The Associated Press – El Nuevo Heraldo.
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