Concluyó exposición del fiscal supremo.
El fiscal supremo titular, José Antonio Peláez Bardales, concluyó hoy la exposición de su alegato final en el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori, por los supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.
En su última intervención, el representante del Ministerio Publico, reiteró su solicitud de imponer al ex mandatario 30 años de prisión por haber dirigido el máximo poder dentro de la estructura de la organización criminal, que se formó para combatir al terrorismo con "métodos de guerra sucia".
Peláez manifestó que los delitos que se le imputan a Fujimori revisten suma gravedad, y que no existe ninguna circunstancia legal que podría considerarse atenuante a favor del acusado.
Consideró que existen circunstancias que sustentan, a criterio de la Fiscalía, que la pena deba agravarse de manera proporcional al daño causado.
Asimismo, demandó al Tribunal ratificar el pago de la reparación civil de 100 millones de soles a favor de los agraviados de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y 300 mil soles al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer Ampudia.
El fiscal supremo dijo que el peso del material probatorio presentado, justifica una sentencia condenatoria, y que ello no significa un pedido de venganza, sino un acto de justicia.
SECUESTROS
En otro momento, Peláez explicó la tesis del Ministerio Público respecto a las causas que determinaron el 'autogolpe' de Estado del 5 de abril de 1992, a partir del cual se consolidó el aparato de poder que se creó, según expresó, para combatir la subversión con métodos de "guerra sucia".
La causa fue la negativa del Congreso para aprobar los Decretos Legislativos 743 (Ley del Sistema de Defensa Nacional) y 746 (Ley del Sistema de Inteligencia Nacional), porque rebasaban el ámbito de las facultades otorgadas al Ejecutivo en 1991, señaló.
Asimismo, refirió la denuncia que hizo la ex primera dama de la Nación, Susana Higuchi, respecto al mal uso que la familia de Fujimori venía haciendo de las donaciones provenientes del Japón.
También, mencionó como otra de las causas que desencadenaron el autogolpe de Estado, el caso de Barrios Altos, recordando que la prensa de la época atribuía responsabilidad a elementos militares.
Recordó, además, que semanas previas al autogolpe de Estado, Fujimori y algunos de sus ministros emprendieron una tenaz campaña de desprestigio contra el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Contraloría General, Ministerio Público y otras instituciones, para luego justificar su intervención.
El fiscal hizo una argumentación jurídica de los delitos por los que, desde la perspectiva de la Fiscalía, debe ser sancionado el ex mandatario: homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, en cada uno de los hechos materia del juzgamiento.
Parte civil
Al concluir la sesión, el abogado de la parte civil, Carlos Rivera Paz, informó que cinco de sus colegas, defensores de los agraviados rendirán sus alegatos sobre 18 temas en no menos de tres sesiones. La participación de la parte civil empezará a partir del lunes 2 de febrero.
Fuente: Diario Hispano Peruano.
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