La controversia legal sobre los documentos sensibles en el caso del militante anticastrista Luis Posada Carriles sumó el miércoles a dos reconocidos medios periodísticos estadounidenses, que solicitaron el acceso sin restricciones a la información que el gobierno pretende mantener fuera del conocimiento público.En una moción presentada ante el tribunal de El Paso, Texas, la agencia Associated Press (AP) y la compañía Miami Herald Media -- en representación de los diarios The Miami Herald y El Nuevo Herald -- invocaron derechos constitucionales para pedirle a la jueza federal Kathleen Cardone que desestime la orden de protección solicitada por los fiscales del Departamento de Justicia.
"El gobierno busca prevenir la diseminación de evidencias relacionadas con el acusado, una figura pública, en un importante caso que ha sido seguido por el público. El derecho de los medios de comunicación a acceder a los documentos judiciales, sin embargo, no puede ser tomado a la ligera'', indicó el texto de 13 páginas.
Posada, de 81 años, encara nueve cargos por fraude migratorio, perjurio y obstrucción de la justicia, mientras el gobierno de Venezuela mantiene una solicitud de extradición para encausarlo por el atentado contra un avión cubano que costó la vida a 73 pasajeros en 1976.
La petición agregó que si la orden de restricción del gobierno fuera aceptada, el significativo papel de los medios de comunicación en el proceso judicial, así como la información al público del mismo, sería severamente restringida.
"En un proceso legal con tantas implicaciones es importante que exista total transparencia sobre las pruebas presentadas ante el tribunal'', dijo el miércoles el abogado Adolfo E. Jiménez, representante de Miami Herald Media. "Es un asunto en el que los tribunales están siendo cada vez más cuestionados''.
La acción legal conjunta de AP y Miami Herald Media añade nuevos ingredientes a la polémica que sostienen la fiscalía y la defensa sobre la pertinencia de divulgar documentos y testimonios que son considerados sensibles, pero que resultan pruebas imprescindibles en el juicio contra Posada, quien permanece en Miami bajo libertad condicional.
La decisión de Cardone sobre este crucial punto podría demorar varias semanas. El juicio está fijado para iniciarse el 1ro. de marzo del 2010.
El 5 de junio el gobierno pidió una orden de restricción para proteger documentos que contienen información relevante en asuntos de seguridad nacional y en investigaciones penales aún en curso, así como informes facilitados a Estados Unidos por gobiernos extranjeros y materiales que implican los intereses económicos, la privacidad y la propiedad de terceras partes.
Pero la pasada semana la defensa respondió los argumentos de la fiscalía con otra moción, asegurando que el gobierno ho ha podido demostrar que revelar públicamente el contenido de ciertos materiales del proceso sería dañino para terceras partes.
Entre los documentos de la acusación que se pretenden restringir al público están las grabaciones de una entrevista realizada a Posada por la periodista Ann Louise Bardach en relación con los atentados explosivos en instalaciones turísticas cubanas en 1997, y supuestos informes entregados por el gobierno de Cuba para reforzar los cargos de perjurio que vinculan al acusado con actos de terrorismo.
También serían restringidos documentos relativos a las actividades de Posada como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) e informes médicos y sicológicos de un testigo de la fiscalía, presumiblemente del informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Gilberto Abascal.
Este martes la fiscalía ripostó con una moción en la que ratifica su solicitud de restricción sobre los documentos calificados como sensibles en el caso, y acusa a la defensa de distorsionar las razones esgrimidas por el gobierno para protegerlos del conocimiento público.
Por WILFREDO CANCIO ISLA – El Nuevo Heraldo.
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