CHILE: Dejà vu: La píldora.

La alianza de la oposición en Velenzuela ha propuesto que el Gobierno del presidente Hugo Chávez declare la emergencia nacional contra la violencia delictiva, tras revelar que ha decidido relegar a un segundo plano otros asuntos.

"Hemos acordado en la Mesa de la Unidad darle prioridad a lo social, a los problemas de la gente", explicó Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que actuó como portavoz de los 11 partidos opositores a Chávez asociados en la "Mesa de la Unidad Democrática" desde el pasado 8 de junio.

La emergencia nacional debe implicar que el Gobierno "convoque de inmediato el Consejo Federal de Gobierno", con la inclusión de alcaldes y gobernadores regionales, y que esta instancia ejecute "un plan concertado de seguridad", demandó Barboza.

El plan debe incluir el desarme y la destrucción de armas y drogas incautadas, que, según denunció, "por corrupción policial se reciclan" y vuelven a circular, así como impulsar "un lenguaje que promueva la paz y condene la violencia". "El lenguaje agresivo de Chávez, su renuencia al diálogo y su consigna 'patria, socialismo y muerte' estimula la violencia", sostuvo y denunció que, paralelamente, el Gobierno "practica la política del avestruz y no da la cara para garantizar la vida".

Otra de las causas de la inseguridad ciudadana es a juicio de la oposición que los "planes de seguridad ciudadana cambian con cada ministro" del sector, "y ya van diez en diez años" de gestión de Chávez, destacó. Adicionalmente, prosiguió Barboza, ha incidido "la politización" del Poder judicial y de la Fiscalía, lo que ha hecho que sus funcionarios "sean más eficientes para perseguir a la disidencia política" que a los delincuentes.

Acusó asimismo al Ejecutivo de "permisividad cómplice con grupos armados" de Colombia y de legalizar según sus "criterios políticos" a extranjeros, quienes "han introducido en el país prácticas delictivas que no existían antes de este Gobierno".

La llamada "Mesa de la Unidad Democrática" también dijo que la Fiscalía admitió que de los 302.969 delitos comunes que tramitó el año pasado, solo acusó formalmente en 8.922 casos, lo que arrojó "una impunidad de 97%, porcentaje que llega a 78% en el caso de la impunidad de delitos por corrupción, a 87% en delitos de derechos humanos y a 82% en narcotráfico".

Fuente: Información y Análisis América Latina.
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