A pesar del reciente y drástico aumento del precio del petróleo, el presidente venezolano Hugo Chávez expropió el mes pasado 70 compañías de servicios petroleros en la zona occidental del país, dejando sin trabajo a 10,000 venezolanos, ganándose la enemistad de los sindicatos y obligando a regiones ricas en petróleo a reducir la producción.En protesta, los trabajadores han bloqueado las oficinas locales de compañías petroleras, detenido el tráfico de vehículos en un puerto y marchado por las calles de esta ciudad criticando acerbamente al gobierno.
La medida de Chávez ha provocado escasa atención internacional porque Chávez no llegó a nacionalizar grandes empresas multinacionales estadounidenses, como Halliburton o Schlumberger, que realizan labores técnicas avanzadas en la producción de petróleo. Además, los dueños de las 70 firmas venezolanas y cuatro extranjeras no han protestado en público, por temor a poner en peligro negociaciones de compensación con el gobierno.
Los analistas sostienen que Chávez confiscó las empresas privadas, que brindan servicios como limpieza y transporte en el lago Maracaibo, donde hay numerosos pozos petroleros, para ahorrar dinero a PDVSA, la petrolera estatal, que debe $5,000 millones a sus acreedores. Sin embargo, la medida también tiene raíces políticas.
Las compañías confiscadas se concentran en el estado Zulia, que se ha opuesto a Chávez de manera uniforme durante sus 10 años en el poder.
La situación pronostica una confrontación entre Chávez y la estructura de poder de Zulia, entre como los sindicatos, la administración y el gobierno estatales, con las actividades de producción de petróleo de PDVSA atrapadas en el medio. La producción de petróleo, que ha bajado 25 por ciento durante el tiempo que lleva Chávez en la presidencia, podría disminuir aún más y debilitar la economía nacional.
Los disturbios políticos podrían estar a la vuelta de la esquina. La petrolera estatal ha prometido contratar a 8,000 de los empleados despedidos de las compañías privadas. Pero PDVSA se mueve a paso de tortuga, al parecer en parte debido a que, según los trabajadores, está investigando sus antecedentes para asegurar que no tengan un historial de oposición a Chávez.
El gobernador, Pablo Pérez, planteó que las confiscaciones de Chávez han conducido a una "masacre de empleos''. Pérez es objeto de presiones por parte de Chávez y la fiscalía investiga acusaciones corrupción contra que Pérez, quien las ha calificado de infundadas. Hace apenas dos meses que Manuel Rosales, el político más prominente de Zulia y predecesor de Pérez, huyó al exilio para evitar cargos parecidos.
Mientras tanto, los partidarios de Chávez acusan al Diario La Verdad, diario de Zulia que no sigue la línea del gobierno, de "terrorismo periodístico''.
No obstante, lo que preocupa a decenas de miles de trabajadores en los pueblos de la costa este del lago Maracaibo, que dependen del petróleo, es perder su empleo. Ellos transportan a los trabajadores a los pozos, además de prestar servicio de estibadores, conserjes y otros.
"La situación podría explotar en cuestión de un mes, mes y medio'', dijo Germán Cortez, quien dirige un sindicato. "Si la gente tiene hambre se lanza a la calle''.
Chávez prometió días mejores cuando se presentó el 8 de mayo a Ciudad Ojeda para celebrar la expropiación.
Por Tyler Bridges / McClatchy - Nuevo Herald.
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